FINANCIERO. LA SOCIALIZACIÓN DE LOS
COSTES FRENTE A LA INDIVIDUALIZACIÓN
DE LOS BENEFICIOS
Las cifras hablan por sí solas… transcurrido algo más de un año desde que se inició la legislatura, con las cifras de los presupuestos generales aprobados para 2012 y 2013, y con el conocimiento del contenido de los nuevos marcos presupuestarios, se deduce que el Gobierno ha orientado la mayor parte de los recursos públicos al saneamiento del sector financiero en detrimento de las políticas sociales (entre ellas la de cooperación) y de la creación de empleo. Estamos rescatando bancos, no sabemos muy bien para qué, asumiendo que es un dinero que jamás vamos a recu- perar, y poniendo en riesgo nuestra sanidad, la educación, la cooperación, las pensiones y el empleo.
Los presupuestos de 2012 y los de 2013 atentan contra la creación de valor en la sociedad y favorecen la creación de valor para los accionistas, estos presupuestos privilegian los intereses de una minoría que cada vez concentra más riqueza:
1. El coste del rescate a los bancos está siendo trasla- dado a la población con la excusa del endeudamien- to. Gran parte de la deuda actual corresponde a los intereses de los préstamos contraídos para rescatar al sector financiero. El dinero que el Estado obtiene por la vía de los recortes se utiliza para saldar esta deuda. Pero ¿para qué utiliza la banca este dinero?, ¿responde al interés general? Los rescates no debe- rían computar como deuda pública, sino que deberían ser tratados como préstamos separados, a pagar por la misma banca y no por el conjunto de la sociedad española. La deuda contraída para rescatar a los ban- cos está hipotecando nuestro futuro y el de las gene- raciones venideras.
2. La política de austeridad aumentará la situación de crisis y empeorará las cuentas del Estado. Los recor- tes hacen perder poder adquisitivo a las familias a la vez que se privatizan servicios sociales básicos. Se está produciendo un empobrecimiento de las clases
15 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/29/econo-
mia/1359453850.html.
medias y un incremento de la vulnerabilidad de la po- blación más empobrecida, mientras continúa la des- trucción de los derechos sociales.
3. Tal y como está instalado el control de la deuda, un país que demuestra menos capacidad para saldar- la debe pagar más por los intereses de su financia- miento (aumenta la prima de riesgo y las agencias de rating califican a la baja). Siendo esto así, el estado español, con toda la disminución de ingresos que su- ponen las medidas de austeridad, será calificada a la baja (crecerán los intereses) y deberá aumentar sus partidas presupuestarias al pago de los intereses de la deuda, lo que significará más recortes.
4. Todo lo anterior pone de manifiesto la insostenibilidad de un modelo como el actual basado en la acumula- ción de capital, la financiarización de la deuda de los Estados y con ello la necesidad de sobre consumo como motor de la economía. Un modelo de desarro- llo anclado en la deuda genera unas inercias que sólo conducen a un nivel de endeudamiento muy por en- cima de las posibilidades reales de las poblaciones y a la destrucción del medioambiente por la promoción de una creciente necesidad de sobre consumo.
Una deuda que debe ser auditada
Parece que estamos abocados a viejas recetas con final infeliz. En 2009, los poderes públicos de los países en de- sarrollo habían pagado el equivalente a 98 veces lo que debían en 1970, mientras, su deuda se había multiplicado por 3216.
Oponer la creación de valor en la sociedad a la creación de valor para los accionistas privilegiando a una serie de intereses empresariales está en contraposición con lo que reclama y exige la ciudadanía, pero es lo que ha elegido este Gobierno. Intentar que se pague el máximo posible de la deuda, en la medida en la que la economía no puede sopor- tar el pago total de la deuda también es otro de los objetivos.
El artículo 103 de la Carta de la ONU proclama “en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miem- bros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro con- venio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”. En su artículo 55, se menciona: “nive- les de vida más elevados, trabajo permanente y condiciones de progreso y desarrollo económico y social”.
16 Según los datos de Plataforma Ciudadana de la Auditoría de la
Ya en 1980, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas proclamaba “Un Estado no podría, por ejemplo, cerrar sus escuelas, universidades y tribunales … y desatender sus servicios públicos hasta el punto de exponer a su población al desorden y la anarquía, simplemente con el fin de disponer de fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones con prestamistas extranjeros”. La satisfacción de acreedores extranjeros en detrimento de las necesidades básicas de la población es una de las características de las soluciones interpuestas por el Gobierno.
La auditoría ciudadana17 es una buena respuesta para
analizar la política de endeudamiento que sigue el Gobierno. Más allá del control financiero, la auditoría tiene un papel eminentemente político ligado a dos necesidades funda- mentales de la sociedad: la transparencia y el control demo- crático del Estado y de sus gobernantes por la ciudadanía.
Se trata de necesidades que se refieren a los derechos democráticos elementales, reconocidos en el derecho inter- nacional, el derecho interno y la Constitución, aunque sean violados continuamente.
5. QUINTO: PARA CUMPLIR CON LOS
COMPROMISOS DE REDUCCIÓN DEL
DÉFICIT, HAY QUE RECORTAR
El discurso de la austeridad ha significado mayor desprotec- ción para las personas que pertenecen a colectivos más vulne- rables, como inmigrantes en situación administrativa irregular o personas con menos recursos; y, dentro de estos, las mujeres.
Entre otras causas, las medidas adoptadas por el go- bierno han contribuido a que casi dos millones de familias españolas no tengan ningún ingreso y que una de cada cua- tro viva en la pobreza o en condiciones de exclusión social18.
Al mismo tiempo, se ha violado el derecho internacional adoptando medidas regresivas en el ámbito del acceso al derecho a la salud, se ha mermado la calidad de la educa- ción debilitando el sector público de la misma y se ha produ- cido una enorme degradación del medio ambiente.
Las decisiones y las políticas no entienden nuestro fu- turo como inversión, sino como gasto, asumiendo la ne- gación de nuestro derecho a un presente y a un futuro. Lastimosamente no se apuesta con valentía por una reac- tivación económica redistributiva y generadora de empleo que proteja derechos tan fundamentales como el derecho a
17 Al tratarse de un tema ya tratado en otros artículos del presente
anuario, la autora refiere a los mismos para profundizar sobre la misma temática.
18 Según datos del Informe Foessa 2012: http://www.foessa.es/
qhacemos_programas_info.aspx?Id=84.
la educación y a la sanidad pública gratuita y universal, a una vivienda y a una vida dignas, a un entorno saludable, etc.
El realismo político adoptado por el Ejecutivo abandona la definición de las políticas públicas a partir de la construc- ción de la gobernanza global y la coherencia de éstas con el desarrollo del planeta. Se ha eliminado de la ecuación la mi- rada cosmopolita por la que los intereses nacionales no solo no se pueden desvincular de la provisión de bienes públicos globales, sino que son claramente dependientes de estos. Los recortes están repercutiendo en dos políticas públicas con alcance global, la de cooperación y la de sostenibilidad ambiental. En este epígrafe se explica cómo se ha producido ese recorte y qué consecuencias tiene.
La realidad es que España se distancia de sus compro- misos con la comunidad internacional, la ayuda no ha sido la única víctima de la actual crisis que padecemos. El aumento de las políticas comerciales proteccionistas, así como la pér- dida de impulso de los debates internacionales que se ocupan de amenazas mundiales como el cambio climático –compa- rativamente más peligrosos para los países pobres– son sólo dos víctimas del contexto. Otras cuestiones, relativas a la mi- gración internacional, la seguridad, y los flujos financieros, constituyen elementos esenciales de la coherencia de políti- cas para el desarrollo que también se han visto afectadas por los efectos de la coyuntura que vivimos.
Lejos quedan los años en los que éramos un país com- prometido con la agenda colectiva de la sostenibilidad y del desarrollo. La vieja idea de obtener crédito en el exterior con la exportación de recursos y marcas, fuertemente revitaliza- da por el nuevo Gobierno, puede situar a España a ojos de muchos países desarrollados y de los países en desarrollo, como una amenaza para la gobernanza global por sus dis- cursos escapistas que limitan la viabilidad del multilateralis- mo democrático como respuesta global a los problemas del desarrollo (Mayor Zaragoza, 2012).
Del compromiso histórico del 0,7% estamos en el 0,2%, pero ¿cómo hemos llegado al 0,2% en este contexto de recortes?
Efectivamente, la Ley de Presupuestos Generales para el año 2013 sitúa la AOD en el 0,20% de la Renta Nacional Bruta (RNB), lo que la coloca en niveles similares a los del grupo de países que integran la UE-12, y muy lejos del grupo UE- 1519 –al que pertenecemos– cuya AOD media es del 0.45%
19 Según datos del CAD. Corresponde a los 15 países cuya adhe-
sión a la UE fue previa a 2002 y, por tanto, han asumido com- promisos más exigentes en materia de AOD que aquellos que ingresaron con posterioridad a esa fecha y conforman lo que se denomina UE-12.
2015 y más de la RNB, este dato pone de relieve la incoherencia con la voluntad expresada por el ministro Margallo de ser un actor global relevante e incumple compromisos internacionales.
Pero volvamos la mirada al año 2012, momento en el que se hace más patente la caída libre de la cooperación española, tras el ciclo expansivo experimentado entre los años 2004 y 2008.
En 2012, la AOD española acusó un recorte de casi 1.90020 millones de euros con respecto a lo presupuestado
en 2011, lo que supuso un descenso del 45%. Ciertamente este fue el año en el que se iniciaron los recortes masivos en los presupuestos públicos, pero ninguna otra partida expe- rimentó un descenso similar al de la política de cooperación. El porcentaje de esta partida con relación a la riqueza nacio- nal quedó por debajo de los niveles del año 199121 cuando
España aún se estaba estrenando como donante del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Esta abrupta caída se profundiza este año, al ser destinados apenas 2.048,92 mi- llones de euros, es decir, 329 millones menos que en el año 2012.
La inexistencia, al momento de redactar este artículo de un plan anual de cooperación o instrumento equivalen- te, impide un análisis más pormenorizado de las partidas que componen la ayuda española en 2013, y su puesta en diálogo con ejercicios anteriores. Así pues queda manifiesta la dificultad para establecer un análisis de las tendencias y cambios sustanciales en la política (ello supone una peli- grosa involución en la ya habitual exigua transparencia del sistema gubernamental de cooperación).
No obstante, sobre la base de la información existente22,
se pueden avanzar los siguientes hallazgos:
1. Las grandes cifras de la AOD española se nutren fun- damentalmente de las contribuciones obligatorias al presupuesto de la Unión Europea23, así como de
20 La cifra exacta es 1.856 millones de euros.
21 La AOD española en 1991 representaba el 0,24 de la RNB. 22 Los datos ofrecidos corresponden al Informe Agregado sobre
la Ayuda Oficial al Desarrollo española que la Secretaría de Co- operación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI) elabora anualmente, una vez presentado el anteproyecto de ley de presu- puestos generales del Estado.
23 En el caso del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas la práctica totalidad de los 781,19 (concretamente el 99,9%) se destinan a contribuciones a la Unión Europea, que para 2013 alcanzan los 841,19 millones de euros. En cuanto a la AOD pre- supuestada por parte del Ministerio de Economía y Competitivi- dad, en 2012 alcanza la cifra total de 280 millones de euros, que desciende en 2013 hasta los 243,04. En ambos casos esta cifra corresponde en su mayor parte a las contribuciones a las Institu- ciones Financieras Internacionales (IFI) y el resto a la estimación realizada por condonación de Deuda Externa.
partidas cuyo impacto en la lucha contra la pobreza es cuestionable (385 millones de FONPRODE reem- bolsable); o que no generan nuevos recursos para los países empobrecidos, caso de los 245 millones de euros que corresponden a las operaciones de can- celación de la deuda. Sí contribuyen, por el contrario, a evitar que la ayuda española caiga a niveles porcen- tuales de la década de los años ochenta.
2. Esto último explicaría, en parte, que el 18,8% del total de la AOD en el año 2013 corresponda al FONPRODE reembolsable, situándose su presupuesto en más de 385 millones de euros. Un porcentaje que por otro lado infringe lo establecido en la ley que lo regula y que refuerza la tendencia hacia la financiarización de la cooperación española iniciada en 2011, a pesar de la escasísima experiencia que el sistema español tiene en la gestión de este tipo de instrumentos. No pare- ce, por tanto, ilógico derivar que esta apuesta vendría motivada por el hecho de que los instrumentos finan- cieros no impactan en déficit, a la vez que abren opor- tunidades para la empresa exportadora española24.
3. El peso de la gestión de la ayuda española recae en mi- nisterios distintos al que tiene el mandato específico sobre la misma y una agencia especializada como es la AECID, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), que apenas gestionará el 40% del total de la AOD. En 2011 la proporción era a la inversa: 56% el MAEC frente al 44% de otros mi- nisterios. Ello tiene importantes implicaciones en la orientación de la cooperación española hacia aquellas acciones con mayor impacto en términos de lucha contra la pobreza, aquellas en las que el nuevo Plan Director debería focalizarse.
4. Consecuente con ello, la AECID vuelve a ser en 2013 una de las principales damnificadas por el recorte en la política de cooperación, lo que implica que contará con un 70% menos de recursos que en el año 2011. Ello pone en peligro lo conseguido durante décadas de trabajo especializado y diálogo político a través de
24 A pesar de que la Ley del FONPRODE (36/2010) establece clara-
mente el carácter no ligado de sus operaciones, tanto por parte de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Eco- nomía y Competitividad como la propia Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación parecen coincidir en la oportu- nidad que este instrumento supone para financiar el apoyo a las exportaciones españolas. Así lo expresa el MEC en su documen- to (MEC, 2012) sobre las líneas orientativas para 2012 del Fondo de Internacionalización Empresarial (FIEM), y de la misma forma lo sugiere el MAEC en el borrador del IV Plan Director hecho público en octubre de 2012.
los programas bilaterales, así como las capacidades humanas generadas en la etapa de mayor profesiona- lización de la cooperación española.
Dentro del presupuesto de la Agencia, merece la pena detenerse en dos ámbitos que caracterizaron en positivo las apuestas políticas recientes:
a. La acción humanitaria, que en el ejercicio 2013 se queda en cifras absolutamente insignificantes, tras haber acumulado un descenso del 86% con respecto a lo presupuestado en 2011. Ello contradice las decla- raciones que el Presidente del Gobierno realizó en la Asamblea General de la ONU celebrada en septiem- bre de 2012 en las que declaró su compromiso con la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo en la región del Sahel, un compromiso que según sus palabras “se viene demostrando desde hace muchos años con muchos millones de euros en cooperación al desarrollo en muchos países”.
b. La ayuda canalizada a través del tejido social, una de las prioridades en materia de cooperación expresadas por el actual Gobierno por su contribución al fortaleci- miento democrático tanto en los países de origen como en los de destino, disminuyó un 17% en 2013 y, con la excepción de la partida proveniente de la solidaridad ciudadana expresada vía IRPF, no permitirá a las ONGD emprender nuevas actuaciones, dado que únicamente contará con presupuesto para cumplir con los compro- misos que fueron asumidos en el año 2010.
En todo caso, más allá de la mirada concreta a los recor- tes y a su impacto en las diferentes partidas y modalidades, o a cómo se ha determinado la reducción del número de paí- ses de atención de la cooperación española, el análisis gene- ral de la reducción de la AOD en las proporciones en las que se ha producido admite, como mínimo, dos conclusiones:
La primera y más clara, dejando a un lado reclamos que se sitúen en un ámbito de tipo más ético, es que la cooperación es vista, por el Gobierno actual, como un elemento insignifi- cante en su acción exterior. Una consideración que es ciega a la consideración de que la política de cooperación puede ser un instrumento clave en el refuerzo en positivo de la imagen ex- terior de un país, y su principal activo para ser reconocido por la comunidad internacional como un actor global responsable; aspecto más relevante si cabe que en el pasado dado que cada vez son menos los asuntos gestionables en solitario, incluida la crisis económica, desde perspectivas domésticas.
La segunda se deriva de una situación presupuestaria, que no sólo ha conllevado la adopción de una serie de de- cisiones que no se han asentado en un proceso de decisión estratégica vinculada a prioridades en clave de desarrollo, sino guiadas prioritariamente por argumentos fiscales;
plantea igualmente serias incertidumbres en torno a la via- bilidad de las intenciones políticas manifestadas en el IV Plan Director y coloca a los gestores de esta política en la obligación de responder a los compromisos más inmedia- tos ya establecidos muchos de ellos en clave de cierre de procesos, y apenas quedará margen para consolidar otras líneas de trabajo o atender a nuevas realidades.
La crisis, un atentado contra la sostenibilidad
Los recortes en presupuestos dedicados a la protección del medio ambiente, la reforma de la Ley de Costas, que defien- de intereses privados en el litoral o el aumento de cargas fis- cales para la producción de energías renovables están entre los capítulos más negros de 2012 en materia ambiental. Se le suma la inacción en asuntos tan importantes como la lu- cha contra el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. Las partidas directamente relacionadas con la preserva- ción ambiental previstas por el Gobierno sufren un recorte del 21%, pasando de 2.258 millones de euros en 2011 a 1.789 este año, cuando el recorte medio del gasto de los ministerios es del 16,9%. Se sigue por lo tanto la tenden- cia a la baja de la importancia relativa del medio ambiente en los Presupuestos, que se viene dando desde 2008. Este año, estas partidas representan solamente un 2,7% del gas- to previsto de los ministerios.