Si no hay ni timonel ni punto de llegada en la actual “ruta” de la Unión Europea (reducida a un terrible cóctel entre tecno- cracia, burocracia y privatización del poder de decisión) que sigue confundiendo el medio con el fin y el euro con Europa, la única alternativa que tiene sentido proponer, frente a la hegemonía de lo privado, es la lucha a favor de los bienes comunes, del procomún, y en contra de la acumulación con- centrada e institucionalizada de la riqueza.
El modelo dominante comporta un mecanismo, tal vez ya irreversible, de privatización de bienes y de espacios comunes no sólo de naturaleza física (medio ambiente, te- rritorio, agua) sino también relacionales (cultura, trabajo, servicios sociales, sanidad, bienestar) constitucionaliza- do en cada estado miembro. Este proceso de enajenación constituye una amenaza directa sobre la ciudadanía y sus derechos al sustraer de su control y disfrute recursos esen- ciales para el desarrollo de una vida digna y para la garantía del ejercicio de los derechos económicos, sociales, cultura- les y ambientales.
Si conceptualizamos el mundo como un inmenso
common, un gran bien común de recursos finitos, y la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Central Europeo (BCE) y la UE como las instituciones que limitan la capacidad de los estados de controlar al menos en parte los flujos de capital, parafraseando al biólogo Garret Hardin, parecer ya imposible evitar la “tragedia” de la privatización absoluta (Hardin, 1968).
La idea de la imposibilidad de lo común y de la superior eficacia de lo privado, de matriz esencialmente económica del neomalthusiano Hardin, ha sido sin embargo puesta en discusión por la recientemente fallecida investigadora esta- dounidense Elinor Ostrom, (Ostrom, 1996). En su libro se evidencia que tanto la gestión autoritario-centralizada de los bienes cuanto su privatización, no constituyen la solución
2015 y más ni evitan problemas. En el ensayo, partiendo del estudio de datos empíricos, se demuestra que en muchos casos cada comunidad alcanza acuerdos sobre una utilización sosteni- ble en el tiempo de los recursos comunes a través de la ela- boración endógena de instituciones destinadas a su gestión y se pone sobre todo en discusión la idea de que existan unos modelos aplicables de forma universal.
“Pero lo realmente actual e importante y lo que está en cuestión, de hecho, es una nueva relación entre el mundo de las personas y el mundo de los bienes (…) Ahora el acento hay que ponerlo no ya sobre el sujeto propietario, sino sobre la función que un bien tiene que desarrollar en la sociedad. Partiendo de esta premisa, se puede dar una primera defi- nición de los bienes comunes: son los bienes funcionales al ejercicio de los derechos fundamentales y al libre desarrollo de la personalidad, que deben ser salvaguardados sustra- yéndolos a la lógica destructiva del breve periodo, proyec- tando su tutela en el mundo más lejano, habitado por las generaciones futuras”6.
Recuperemos también una somera clasificación, que sea operativa al menos para el debate:
a) Una primera categoría de bienes comunes comprende el agua, las tierras, los bosques y la pesca, es decir los bienes de subsistencia de los que depende la vida (bie- nes de mérito). En particular la vida de los agricultores y agricultoras, de los pescadores/as y de los nativos y na- tivas que viven directamente de los recursos naturales. b) Una segunda categoría de bienes comunes comprende
los bienes comunes globales: la atmósfera, el clima, los océanos, la seguridad alimentaria, la paz, y también todos aquellos bienes que son fruto de la creación co- lectiva, como las patentes, Internet, etc.
c) Una tercera categoría de bienes comunes es la de los servicios públicos procurados por los gobiernos en respuesta a las necesidades esenciales de los ciuda- danos/as, necesidades que, obviamente, varían en el tiempo. Se trata de servicios como la distribución de agua potable, la electricidad, el sistema de transportes, la sanidad, la seguridad alimentaria y social, la adminis- tración de la justicia.
Frente a la ideología dominante del crecimiento infinito, el crecimiento de la sensibilidad sobre los bienes públicos y los bienes comunes en peligro, a lo mejor puede ofre- cer las primeras bases para construir una nueva ideología que se haga cargo de éstos planteándose con urgencia la elaboración política de instrumentos adecuados para preservarlos.
6 La cita corresponde a Stefano Rodotá, jurista y uno de los autores
de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.
En síntesis, la lucha por un derecho del común y contra la acumulación institucionalizada de la riqueza debe regre- sar al centro del escenario nacional, europeo y mundial, desenmascarando los aparatos ideológicos de la vieja hegemonía. No derechos de los consumidores, sino cen- tralidad de las personas; rechazo de la propiedad priva- da como derecho fundamental; superar la retórica de la “lucha contra la pobreza”, desconectada con respecto a la “lucha contra una riqueza amoral”; replanteamiento urgente de la “personalidad jurídica” y de su protección institucional; elaboración política y jurídica de un espacio común que sirva de límite infranqueable a la extensión del mercado; fuerte compromiso en la difusión de la alfabeti- zación ecológica; activación de nuevas formas de econo- mía localizadas, re-socializadas y volcadas al bien común; nueva fiscalidad altamente progresiva y recuperación in- clusiva de las inversiones militares y represivas dirigidas a la exclusión…
Todos estos son los elementos que están conformando una ideología nueva que, a través de luchas muy diversas y vinculadas muy profundamente a sus contextos, sirva para la construcción de la hegemonía entre los pueblos, a través de procesos participativos no exentos de conflictos.
Pero no hay atajos: la participación de quien reivindi- ca o intenta poner en práctica una gestión compartida de un bien común es en la sociedad actual un proceso con- flictual, y así seguirá siendo bastante rato. La voluntad de participación de la ciudadanía dará lugar a enfrentamien- tos cotidianos e intensos contra quien aspira a la apro- piación privada o a una gestión puramente administrativa de ese bien, o con quien ya la ha alcanzado y la pretende mantener. Al mismo tiempo, son los procesos participa- tivos el terreno donde se puede construir y consolidar la fuerza y la organización para oponerse a una gestión privada o excluyente.
La democracia participativa y la gestión compartida de los bienes comunes se construyen sobre saberes técnicos (donde las ONG tenemos bastante que aportar) y sociales difundidos entre la población, siendo al mismo tiempo una extraordinaria escuela para profundizar, promover y difundir estos saberes.
La reapropiación compartida de un bien común, incluso el más general y difuso, como la atmósfera –para preservar- la de la sobrecarga de gases efecto invernadero– o la cultura –para garantizar su acceso a todo el mundo– es un asunto que requiere y al mismo tiempo promueve la “territorializa- ción” de los procesos; el acercamiento entre producción y consumo, entre usuarios y usuarias y gestión.