boración activa por parte de los Gobiernos de las economías europeas. Para ello se han diseñado distintos programas económicos (como el programa del six-pack) y se han habi- litado mecanismos financieros y tratados jurídicos nuevos. Un ejemplo de cómo se han “sincronizado” las intenciones de la troika con las decisiones de los Gobiernos nacionales es sin duda la reforma constitucional de 2011 en España. En aquella reforma se modificaba el artículo 135 y se incluía, entre otros elementos, la siguiente declaración:
“Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se enten- derán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”.
Esto no es otra cosa que institucionalizar la palanca fi- nanciera por la cual la deuda pública, junto con el diseño institucional, se convertiría en la excusa para desmantelar progresivamente los servicios públicos.
Además, en el nuevo artículo 135 de la Constitución ya se adelantó que antes de junio de 2012 tenía que estar apro- bada una ley orgánica que desarrollara las bases ideológicas de la reforma constitucional. Así, en 2012 se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en cuyo artículo 1 se describe el objetivo formal de la ley, que no es otro que “el establecimiento de los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orien- tada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad finan- ciera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española”.
Lo que esta ley persigue, para entendernos, es institu- cionalizar al nivel más alto (ley orgánica y constitución) la política del llamado déficit cero. Ahora bien, aunque la ley hable de crecimiento económico y creación de empleo, real- mente no es útil ni directa ni indirectamente para conseguir cualquiera de esos propósitos. El objetivo real es sencilla- mente el de procurar dar confianza a los inversores a través del control del gasto público y la deuda pública. Se trata de
enviar una señal a los “mercados” que asegure a los inver- sores que con estas normas estaremos en condiciones de devolverles todo el dinero que nos han prestado y que nos van a seguir prestando.
Pero no funcionará por dos motivos fundamentales: En primer lugar, los mercados son insaciables. Los mer- cados son la suma de los intereses económicos de diferen- tes sujetos económicos tales como la banca, las grandes empresas y las grandes fortunas. Esos intereses no se basan en criterios sociales sino de maximización de beneficios, de modo que van a aprovechar todo el entramado legal para desarrollar lo que se conoce como especulación financiera y que llevará a España a estar permanentemente bajo agre- sión. No hay forma alguna de “contentar” a los mercados.
En segundo lugar, esta ley se traduce en la práctica en recortes de componentes del gasto público (inversión públi- ca especialmente) que son fundamentales para estimular el crecimiento económico. Ello conllevará necesariamente un empujón hacia una mayor recesión y, por lo tanto, meno- res ingresos impositivos (ver gráfico 1). Si bajan los gastos pero también bajan los ingresos lo que se mantiene igual, o incluso puede empeorar, es el déficit y la necesidad de endeudamiento público.
En tercer lugar, los recortes de gasto público impiden poner en marcha políticas que mitiguen los dramáticos efectos sociales que tiene la crisis económica. Así, se deja no solo que el desempleo siga creciendo sino que además crece la desigualdad, el riesgo de pobreza y el número de hogares sin ingresos de ningún tipo.
Obsérvese por ejemplo el gráfico 4, que muestra la des- igualdad medida a partir del ratio entre el 80% más pobre y el 20% más rico. Lo que se refleja en este gráfico es que el coste de la crisis está cayendo fundamentalmente sobre la mayoría de la población, cuya distancia en términos de ingresos con el 20% más rico de la población se ha elevado.
Por otra parte, el gráfico 5 nos muestra la cantidad de hogares en todo el país que no disponen de ingresos. El último dato disponible señala que hay 626.900 hogares que
GRÁFICO 4. Ratio 80/20 (España)
Fuente: Elaboración propia con datos del EUROSTAT (2012)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0
2015 y más se encuentran en esa situación, que incluye la carencia de prestaciones sociales dotadas por parte del Estado.
Finalmente, baste tener presente también el ritmo al que crece la tasa de riesgo de pobreza en España. Como pue- de analizarse en el gráfico 6, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza ha crecido hasta superar el 27% en el conjunto de la economía. Pero aún es más dramática esa ci- fra en los sectores de población más jóvenes, que alcanzan hasta el 33%.
Todos estos indicadores revelan algunas de las conse- cuencias de las políticas de austeridad a nivel social, pero además puede interpretarse que la cohesión social está pro- fundamente amenazada y que se ha creado un caldo de cul- tivo idóneo para la germinación de movimientos rupturistas con el sistema económico actual. Sólo en el año 2012 hubo en España más de 36.000 manifestaciones y concentracio- nes, según datos del Gobierno (Europapress, 2012), lo que es un reflejo de las tensiones sociales a las que se ha llegado como resultado de la aplicación de las políticas de recortes en las políticas públicas.
No obstante, y como decíamos anteriormente, esta ley orgánica obedece a las instrucciones de la Unión Europea, cuya configuración económica e institucional no sólo es frágil y antidemocrática sino que también es contradictoria por el diferente papel que tienen los países del centro y la periferia en la división internacional del trabajo. Dicho de forma más clara: los intereses económicos de países como Alemania y Francia distan mucho de parecerse a los que tie- nen los países de la periferia como Italia, Grecia, Portugal o España. En este sentido, no hay oportunidad para una so- lución que se base en maximizar los intereses económicos nacionales.Obedecer a la Unión Europea supone aceptar un destino fatídico para la cohesión social y el mantenimien- to de las instituciones sociales europeas. El verdadero go- bierno de la UE reside en los centros financieros, de donde provienen precisamente los líderes de muchas de sus ins- tituciones (como el BCE, comandado por el ex-presidente de Goldman Sachs), cuyos intereses tampoco son los de la mayoría de la población europea.
En apariencia la ley orgánica pretende reducir el peso de la deuda pública, considerando que hay que volver a las exigencias de Maastricht (límites en 3% déficit público y 60% deuda pública). La deuda es un complejo instrumento económico que promueve el crecimiento económico de las empresas y Estados porque permite a las empresas operar más allá de su potencial y a los Estados invertir en proyectos inalcanzables sin deuda. Si esos proyectos, empresariales y estatales, son adecuados los beneficios económicos deriva- dos permiten devolver sin problemas la deuda. Pero a par- tir de cierto umbral la deuda es peligrosa porque amenaza
con entrar en una espiral viciosa. El Banco Internacional de Pagos (Cecchetti, S., Mohanty, M., y Zampolli, F, 2011), al estudiar recientemente este fenómeno, ha recomendado un 80% de endeudamiento público como límite máximo, como umbral. Obsérvese que los criterios de Maastricht son aquí mucho más duros.
El problema es que esta cuestión no se circunscribe a la esfera pública. Es igualmente aplicable para los agentes privados, es decir, para las empresas y los hogares. De he- cho, el riesgo real está precisamente en esos otros agentes. En 2007 la deuda medida en proporción del PIB estaba al 50% en el caso del Estado, al 100% en caso de las fami- lias y al 200% en caso de las empresas no financieras. Es precisamente esa descomunal deuda la que explica que las balanzas de pagos se desequilibren con enormes déficits comerciales. Y ni los criterios de Maastricht ni esta nueva ley orgánica habla de esos verdaderos agentes problemáti- cos, sino que se limita a la crítica de lo público.
GRÁFICO 5. Hogares sin ingresos, España (miles)
Fuente: Elaboración propia con datos de INE (2012)
2005TI2005TIII2006TI2006TIII2007TI2007TIII2008TI2008TIII2009TI2009TIII2010TI2010TIII2011TI2011TIII2012TI2012TIII 700 600 500 400 300 200 100 0
GRÁFICO 6. Personas en riesgo de pobreza o exclusión social en España, en % población total
Fuente: Elaboración propia con datos de EUROSTAT (2012)
2005 2004 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total de la Población Menos de 16 años 16 - 24 años 18 - 24 años 24 - 49 años
¿Y por qué? Pues sencillamente porque esta ley, como Maastricht y la configuración económica de toda la UE, lo que hace es encorsetar las finanzas públicas y dejarlas sin margen de maniobra. Y por la propia dinámica económica y el rol del Estado como prestamista de último recurso resulta que el Estado es precisamente quien absorbe la mayoría de los costes de la crisis. Por esa razón la deuda pública se dispara después de la crisis y no antes, porque es el instru- mento que se utiliza también para socializar las pérdidas y absorber entre todos el impacto de la crisis. Se transfieren rentas y riesgos desde lo público a lo privado.
Si se suman ambos fenómenos nos encontramos con una palanca de destrucción del Estado del Bienestar. Con un Estado absorbiendo los costes de la crisis y un encorseta- miento de las finanzas públicas la única forma que les queda a los gobiernos es recortar y recortar.
Pero como esos recortes no resuelven los problemas reales de la economía (inexistencia de un modelo productivo estable y sostenible y alta desigualdad económica) y pro- mueven un deterioro mayor de la economía (más recesión, menos ingresos públicos), el ajuste se vuelve permanente. Los recortes avanzan por todas las esferas del Estado del Bienestar.
Y eso es lo que se pretende. Acabar con las esferas pú- blicas que ocupan un espacio muy deseado por la esfera privada, especialmente en las grandes áreas como la educa- ción y la sanidad. El botín de lo público será más fácilmente obtenido con el uso de leyes como esta y reformas constitu- cionales como la descrita.
4. CONCLUSIONES
En los últimos años estamos asistiendo al desmantelamien- to de lo que hemos conocido como Estado del Bienestar, y la estrategia elegida para llevar a cabo tal propósito guarda una relación directa con el ordenamiento institucional de la Unión Europea y con los llamados rescates bancarios. Desde la troika y los Gobiernos de la periferia europea han cons- tituido una palanca financiera que permite utilizar la deuda pública como instrumento de socialización de pérdidas y a la vez como justificación para proceder al duro ajuste fiscal.
No se trata de un objetivo exento de racionalidad, desde el punto de vista de los intereses financieros, sino que por
el contrario obedece a una estrategia muy concreta que es el intento de sustitución de un modelo de crecimiento en España. El nuevo modelo estará basado en los bajos salarios y en la competitividad vía precio con el exterior, todo lo cual requiere un modelo de sociedad que sea funcional. Dicho modelo de sociedad no cuenta con la existencia de lo que hemos conocido hasta ahora como servicios públicos, los cuales son la primera víctima de la austeridad.
Sin embargo, a los problemas económicos asociados a dicha estrategia hay que sumar los problemas sociales que surgen en el proceso. De hecho, las políticas de austeridad y de retroceso de las políticas públicas conllevan un agra- vamiento de la desigualdad, la miseria y de la privación ma- terial de los hogares. Todo ello genera conflictos de índole política que amenazan con destruir definitivamente la cohe- sión social y arrastrar a nuestra sociedad a una permanente lucha social en las calles. En términos tanto económicos como sociales puede decirse que España es hoy un país en vías de subdesarrollo como consecuencia de las políticas aplicadas por el poder económico y el poder institucional.
BIBLIOGRAFÍA
• Cecchetti, S., Mohanty, M., y Zampolli, F (2011): “The real effects of debt”. Bank for international settlement working paper. Disponible en: http://www.bis.org/publ/work352.pdf.
• Comisión Europea, 2012: “Documento de trabajo de los servicios de la comisión. Examen exhaustivo de España de conformidad con el artículo 5 del Reglamento UE nº 1176/2011 relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos”.
• Garzón, A. (2013): La Gran Estafa, Editorial Destino, Barcelona.
• Europapress (2012): “Primer año de Gobierno de Rajoy: Más de 36.000 manifestaciones y concentraciones”: Disponible en http://www.europapress.es/nacional/noti- cia-primer-ano-gobierno-rajoy-mas-36000-manifestacio- nes-concentraciones-20130112120312.html
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Disponible en http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730
• Anderson, P. (2012): El nuevo viejo mundo, Akal, Madrid, 2012.
2015 y más CECILIA CARBALLO DE LA RIVA,
Presidenta de la Fundación Equo, miembro del Patronato de la Alianza por la Solidaridad.
Pues bien, pese al realismo político que encarna saberse en un país como el nuestro y en una situación como la que vive España, es complicado hacer balance de 2012 sin atisbar el desplome de las políticas sociales, entre ellas la de cooperación. Mariano Rajoy ganó las elecciones el 20 de noviembre de 2011 tras prometer el cambio y devolver la felicidad1, un año y
pico después el país continúa inmerso en una gran crisis y ha sufrido el mayor recorte de derechos de la historia de la de- mocracia, las políticas sociales están a punto de desaparecer y la debacle del Estado de Bienestar hoy es un hecho.
Durante 2012, de la mano del Gobierno del Partido Popular y de otras administraciones autonómicas y municipa- les, y bajo una enorme presión por parte de la Unión Europea, se ha venido produciendo una reducción sin precedentes de las conquistas y derechos sociales de la mayor parte de la población. Los recortes aplicados por este Gobierno se han llevado a cabo con el pretexto de la reducción del déficit, mientras una cantidad insultante de fondos se han canalizado para ayudas y rescates a las entidades financieras.
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, aseguraba hace menos de un año que "recortar en cooperación es una opción extremadamente dolorosa, pero la otra opción, a lo mejor, es recortar pensio- nes o cerrar ambulatorios”2. Estas afirmaciones junto con
otras3 realizadas por los responsables de la política de co-
1 2011, Programa Electoral del Partido Popular: http://www.rajoy.
es/uploads/programa/pdf/lo_que_Espana_necesita_l.pdf.
2 Comparecencia del Ministro de Exteriores en la Comisión de co-
operación del Congreso el 15/03/2012. http://sociedad.elpais. com/sociedad/2012/03/15/actualidad/1331772817_298833. html.
3 "No se puede redistribuir riqueza cuando no la hay”. Así justificaba
recientemente el Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles, el desproporcionado recorte que ha sufrido la cooperación en los Presupuestos para 2013.
operación nos hacen cuestionar las visiones del Ejecutivo para con las políticas sociales.
Los responsables del Gobierno desarrollan sus argu- mentos sobre postulados muy discutibles, ¿a quién/quiénes estamos rescatando? ¿A quién benefician los recortes del gasto público? A las personas no, a los intereses de una mi- noría si. El incremento de nuestro endeudamiento es direc- tamente proporcional a la detracción de recursos públicos para las políticas sociales y al establecimiento de medidas orientadas a la reactivación económica y a la generación de empleo. La gestión de esta crisis tampoco ofrece soluciones de medio o largo plazo que reestablezcan el funcionamien- to económico y aseguren que esta situación no volverá a producirse.
La gestión de la crisis está sirviendo para socializar las pérdidas, estamos en una crisis provocada por el incremen- to desorbitado de la deuda privada, que tras las medidas adoptadas pasa a ser de toda la ciudadanía: austeridad, deu- da privada convertida en deuda pública, recortes de servi- cios públicos que sirven para sostener al sistema financiero privado, recortes de la inversión en políticas sociales que aseguran el cumplimiento de los derechos más básicos en España y fuera de nuestras fronteras.
Durante varias décadas se han proclamado desde di- versas organizaciones y organismos internacionales los compromisos con los objetivos del desarrollo y el cumpli- miento de los derechos humanos, más allá de lo declarado, la realidad que nos circunda se empeña en ser obstinada, y se puede apuntar, sin lugar a dudas, que serán necesarias varias décadas adicionales enfocadas a la consecución del desarrollo para conseguir avanzar en la mejora de las con- diciones de vida de buena parte de la población mundial. La tarea, incluso tomando en consideración la existencia de nuevos consensos a favor del desarrollo y de las sali- das a la crisis, no es pequeña, pues los orígenes de este mal desarrollo y de sus consecuencias más lacerantes para el ser humano (hambre, pobreza, desigualdad, desempleo, etc.) tienen sus causas en la evolución histórica de la propia lógica de funcionamiento del sistema, de modo que cual-
¿Privilegio de algunas o derecho de todas?
“Desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad no pudimos ser amables”
quier intento de superación pasaría necesariamente por un esfuerzo en la definición de otras alternativas en cuanto al sistema en el que nos encontramos.
A lo largo de esta reflexión se exponen una serie de ar- gumentos que permiten cuestionar las medidas tomadas.