Desde finales de los años 70, se venía cuestionando lo inadecuado de fijarse en las mujeres de manera aislada, como se hacía predominantemente en las propuestas MED. Aunque se sabía que la subordinación femenina era un aspecto central en ese campo, la naturaleza de las relaciones de género, los conflictos y los desequilibrios de poder subyacentes no se había explorado suficientemente (Razavi y Miller 1995, 12). En ese sentido, algunos estudios empezaron a desplazar el foco de análisis desde ‘las mujeres’ hacia las relaciones sociales entre mujeres y hombres en cada contexto, reconociendo la dominación masculina, pero sin aspirar a convertir la opresión en un elemento de carácter universal, como se había hecho en los planteamientos más estructuralistas (Kabeer 1998, 80-1). Las críticas al MED a las que se ha hecho referencia se sumaron a la creciente institucionalización de los estudios de género en el ámbito académico e impulsaron la formación de un nuevo enfoque, denominado Género en Desarrollo (GED).
El GED reivindica mirar el desarrollo bajo la perspectiva de género, lo que significaría tener una visión integral sobre la vida de mujeres y hombres y sus relaciones sociales. De ahí que se hable del género como un aspecto transversal que debe ser tenido en consideración en cualquier sector en el que se intervenga. En esta perspectiva, se tiene en cuenta la desigual ubicación de hombres y mujeres en las estructuras económicas y sociales, lo que lleva a reconocer que pueden existir necesidades e intereses diferenciados según el género en el proceso de desarrollo. Asimismo, se intentan evitar los errores cometidos por enfoques anteriores que resaltaban determinados aspectos vitales y no otros, como los roles femeninos en la esfera reproductiva (bienestar) o en la productiva (equidad, eficiencia) (Vargas Valente 1992). Este enfoque ha tenido también sus variantes, algunas de ellas consideradas asépticas o reformistas por no tocar lo que se ha considerado desde las perspectivas feministas el aspecto central de las relaciones de género, la desigualdad de poder (Lagarde 1996).
Para trasladar el enfoque GED a la práctica de los proyectos de desarrollo, se han elaborado diferentes instrumentos de identificación y planificación, los cuales han dado lugar a metodologías de capacitación en género con ‘subtextos políticos’ igualmente variados (Kabeer 1998, 273-311), esto es, maneras diversas de articular necesidades y prioridades en las intervenciones relacionados con el cambio social buscado. Del mismo modo, las instituciones de desarrollo han adoptado y preferido distintos enfoques GED “en función de su propia concepción respecto a la pertinencia
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de adoptar un enfoque de género en el proceso de desarrollo” (Cirujano Campano 2005, 65). En algunos casos, lo que se da prioridad son los roles atribuidos a cada género en actividades productivas y en el ámbito doméstico, contando para ello con instrumentos que analizan quiénes producen, acceden y controlan los recursos y beneficios. Esta perspectiva se aproximaría a la idea de maximizar la eficiencia en el desarrollo, siguiendo el ejemplo de determinadas perspectivas MED, y lejos aún de considerar las relaciones sociales como un factor relevante. Al evitar preguntarse sobre los motivos de la distribución desigual de los recursos entre los géneros, “la cuestión de la asimetría de poder es efectivamente dejada de lado” (Razavi y Miller 1995, 16).
Una contribución del enfoque GED frecuentemente mencionada es su propuesta de identificar los intereses prácticos de género y los intereses estratégicos de género, transformada por Moser (1993b) en el lenguaje de la planificación del desarrollo en necesidades prácticas y necesidades estratégicas de género. Eso permitiría distinguir cuáles responden a relaciones de género ya existentes (intereses/necesidades prácticas) y cuáles poseen el potencial para desafiarlas (intereses/necesidades estratégicas).
Las necesidades estratégicas de género se formulan a partir del análisis de la subordinación de las mujeres en relación a los hombres, de donde se deriva la identificación de los intereses estratégicos de género para lograr una organización más igualitaria y satisfactoria de la sociedad (…).
En contraste, las necesidades prácticas de género se formulan a partir de las condiciones concretas de las mujeres en su posición como género dentro de la división sexual del trabajo, de las cuales derivan sus intereses prácticos de género por la supervivencia humana. (Moser 1993b, 23-4)
Reconocer cómo esas dimensiones interactúan en la visión holística que propugna la perspectiva de género amplía la manera de acercarse al empoderamiento de las mujeres. “La forma de deconstruir la subordinación de las mujeres, entonces, no siempre y no necesariamente tiene que comenzar desde una conciencia explícita de género” (Vargas Valente 1992, 18), sino que considerando el género como elemento fundamental para cualquier aspecto de la vida de las mujeres, se pueden encontrar rutas para iniciar la reflexión sobre necesidades e intereses estratégicos de género. En la planificación del desarrollo, las necesidades prácticas de las mujeres son fácilmente reconocibles porque “son las que mejor encajan con las preocupaciones convencionales del desarrollo (…). Por otra parte, para quienes son capaces de asumir planteamientos más innovadores, el concepto de las necesidades estratégicas ofrece un conjunto de pautas útiles” (Kabeer 1998: 303). En la visión de esta autora, sin embargo, aún faltaría asumir que la planificación y la gestión del desarrollo están en sí mismas marcadas por las relaciones sociales de género, motivo por lo cual sería necesario:
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“volver a pensar los planteamientos, conceptos y herramientas de la política existente desde una perspectiva de género para revelar sus prejuicios y limitaciones y descartarlos, modificarlos y transformarlos en los intereses de lograr el desarrollo con equidad de género; por lo tanto, la meta es una política y una planificación consciente
de género”. (Kabeer 1998: 306)
No bastaría abandonar la ‘ceguera frente al género’, contar con herramientas neutrales o tener en cuenta que las mujeres tienen necesidades e intereses más allá de los roles sociales que les son asignados en cada contexto y momento. Se debería sacar a la luz las tensiones y los conflictos que implica focalizar en intereses y necesidades estratégicas, así como los obstáculos para hacerlo. Sería imprescindible moverse desde el terreno técnico y planificador hasta la arena política per se, pensando en las implicaciones políticas del análisis de las relaciones sociales de género (Razavi y Miller 1995). En este sentido, no cabe duda de que es importante identificar y reconocer los intereses estratégicos de género de los hombres en esos procesos, pues, posiblemente, éstos sean una fuente de resistencia a la implementación de políticas que busquen tanto la redistribución de recursos como la transformación social desde la perspectiva de género.
Además de reelaborar teóricamente los temas de género en el desarrollo, este nuevo enfoque GED propone otra manera de implementar las intervenciones desde la cooperación al desarrollo, partiendo de la constatación de que es necesario ir más allá de las estructuras y los mecanismos específicos, como ocurría con las unidades MED de los años 70 y 80. Estas unidades no habían tenido como resultado los cambios esperados sino que incluso, en algunos casos, habían provocado resultados contraproducentes, como la reducción de recursos destinados a mujeres (Moser 1993a) y marginación del tema de la desigualdad de género de la agenda principal del desarrollo (Kabeer 1998). La IV Conferencia de la Mujer de Beijing, en 1995, recomienda aplicar el gender
mainstreaming (que significa integrar el género a la corriente principal) en toda política
pública y en todas sus fases, lo que también sirvió para impulsar este enfoque dentro de las instituciones de desarrollo, sus unidades e intervenciones. Sin embargo, lejos de tratarse de una cuestión técnica, administrativa o incluso retórica, la adopción del
gender mainstreaming acarrea disputas teóricas y políticas, tanto en torno a los análisis
de género (Kabeer 1998) como en la reconducción de las políticas públicas a partir de esta propuesta (Verloo 2005).
Así, pese a la extendida aceptación e incorporación de su vocabulario a la agenda política del desarrollo, en la revisión de los avances logrados tras Beijing, saltan a la vista las dudas, el desconocimiento sobre sus resultados (Richey 2000; Moser y
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Moser 2005) y la generalizada decepción entre quienes apostaron por su potencial transformador (Davids, Van Driel y Parren 2013). Parece que, una vez más, se vuelven a hacer evidentes las limitaciones impuestas por las concepciones dominantes de desarrollo, de manera que la radicalidad de la propuesta de hacer transversal el enfoque de género se vería reducida por una apropiación neoliberal del gender mainstreaming (Bacchi y Eveline 2003). Davids, Van Driel y Parren (2013), en una perspectiva más optimista, proponen considerar la adopción de la transversalidad de género como parte de una slow revolution, propiciada por la incorporación de críticas e ideas feministas en los enfoques de desarrollo y en la promoción de cambios sociales. De todos modos, se comprueba una gran dificultad en replantear a fondo la agenda política hegemónica del desarrollo en lo que se refiere a las cuestiones de la desigualdad de género.