Tampering with OGNL

En 1990, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el primer informe sobre desarrollo humano (PNUD 1990). Este documento, además de proponer una conceptualización del desarrollo considerada innovadora, como se ha mencionado en el capítulo 3, incluía una propuesta de medición alternativa al Producto Interior Bruto (PIB) per capita para comparar la situación de los distintos países: el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Se trata de un índice sintético que logró atraer la atención pública hacia el tema, además de ser una herramienta para ejercer presión política y permitir realizar comparaciones internacionales sobre aspectos hasta entonces poco visibles en el debate sobre el desarrollo82.

82 _{Este índice combina indicadores, relativos a i) longevidad (esperanza de vida al nacer, para medir los}

elementos de salud y nutrición); ii) logros educacionales (medidos actualmente por años de escolarización en el caso de personas adultas mayores de 25 años y años de escolarización previstos en

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A partir de 1995, año de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer de Beijing, los informes anuales sobre desarrollo humano contaron con índices relacionados con la desigualdad de género: el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) y el Índice de Potenciación de Género (IPG) (Jain 2005). El primero fue formulado para ser una versión del IDH sensible a las desigualdades de género: esto es, la posición de cada país en el IDH se veía penalizada de manera proporcional a la desigualdad de género medida por la combinación de los tres componentes del IDG (esperanza de vida, acceso a la educación e ingresos de mujeres y hombres). En ese sentido, la interpretación de los resultados del IDG dependía de su comparación con los resultados del IDH: a mayor desigualdad de género, mayor diferencia entre ambos índices. El segundo de los índices de género mencionados, el IPG, medía la desigualdad de género a partir de dimensiones e indicadores relacionados con el control de las mujeres sobre los recursos económicos y la participación en la vida política y económica.

Estos dos índices se tomaban frecuentemente (y erróneamente) como medida directa de la desigualdad. Al igual que ocurrió con la medición del desarrollo humano por medio del IDH, la propuesta de los índices sobre ‘desarrollo de género’ provocó un amplio debate académico sobre su adecuación y validez metodológica, así como sobre sus resultados e interpretaciones, incluyendo varias propuestas para su revisión y para elaborar índices alternativos (Bardhan y Klasen 1999; Cueva Beteta 2006; Klasen y Schüler 2011). En 2010, el PNUD reformuló la medición del impacto de la desigualdad de género en el desarrollo humano y lanzó un nuevo índice sintético, el Índice de Desigualdad de Género (IDG), con el objetivo de captar las desventajas de género en la mayor cantidad de países posible utilizando el mayor número de datos disponibles y fiables (Gaye et al. 2010). Así, en la actualidad, el desarrollo de género se mide por medio del IDG, compuesto por tres dimensiones (empoderamiento, actividad económica y salud reproductiva) y cinco indicadores (tasa de mortalidad materna, tasa de fecundidad entre adolescentes entre 15 y 19 años, logro educativo en educación secundaria y superior, representación femenina en el parlamento y participación relativa en el mercado laboral).

Pese a representar un avance respecto a propuestas anteriores, el PNUD reconoce que el IDG sigue teniendo limitaciones, debido, entre otros aspectos, a que no tiene en consideración elementos centrales para la igualdad de género como el uso del el de niños y niñas en edad escolar); iii) ingresos (Ingreso Nacional Bruto per capita ajustado según el poder adquisitivo).

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tiempo, la participación en decisiones comunitarias y la violencia de género, para los cuales aducen que la disponibilidad de datos es limitada, lo que hace inviable la realización de series comparativas internacionales periódicas83.

Con respecto a la propuesta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que también omite la cuestión de la violencia contra las mujeres, hay que señalar que éstos retomaban, en parte, la idea de desarrollo como satisfacción de las necesidades básicas señalada anteriormente. Considerados innovadores por ser resultado de un inédito consenso mundial sobre reducción de la pobreza, los ODM fueron muy criticados por las organizaciones de la sociedad civil y especialistas, que vieron en ellos, sobre todo, un recorte de los compromisos internacionales anteriormente asumidos. Adoptados en 2001, los ODM tradujeron en ocho objetivos (cuantificados por medio de 21 metas y 60 indicadores) el compromiso asumido el año anterior por 189 países en la Declaración del Milenio de Naciones Unidas de erradicar la pobreza extrema en un plazo que concluyó en 2015. Entre las acusaciones lanzadas contra el tratado, está la de entender la pobreza de manera utilitaria y material, ignorar aspectos de redistribución de ingresos, recursos, y acceso a servicios (Fukuda-Parr 2012), y suprimir completamente el tema de las desigualdades estructurales (Saith 2006), limitaciones que ya se habían señalado respecto al enfoque de las necesidades básicas.

Algunas críticas a los ODM enfocadas en temas de género no cuestionaron el concepto de desarrollo que tenían implícito y optaron por señalar ausencias más específicas (WHO 2005; OECD Development Centre 2010), así como insuficiencias e inadecuaciones metodológicas en el diseño de las metas e indicadores de los ODM (Antrobus 2005; R. Johnson 2005; Kabeer 2005). Se llegó, incluso, a proponer su utilización estratégica, en alianza con otros instrumentos internacionales, para reivindicar recursos y atención a la desigualdad de género (Hayes 2005) y para elaborar recomendaciones sobre cómo implementar programas de desarrollo centrados en el cumplimiento de los ODM teniendo en cuenta su confluencia con el problema de la violencia contra las mujeres (WHO 2005). También se ha señalado, aunque con menos frecuencia, su falta de adecuación para dirigir los avances en igualdad de género, al derivar de un paradigma de desarrollo neoliberal que deja bastante que desear en cuando a reconocimiento de determinados derechos de las mujeres, como los derechos sexuales y reproductivos (Antrobus 2005, 95-6).

83

Véase la página web del PNUD: http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idg/ (consulta realizada el 14 de septiembre de 2012).

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Con todo esto, lo que se quiere destacar es que aunque la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres sean consideradas relevantes en la promoción del desarrollo, incluso desde las perspectivas dominantes –“la violencia contra la mujer sigue socavando los esfuerzos de alcanzar todos los Objetivos [de Desarrollo del Milenio]” (ONU 2012, 5)–, son elementos que cuesta introducir en las mediciones, metas y objetivos. Esta exclusión suele atribuirse a la escasez de datos o a la poca adecuación, fiabilidad y comparabilidad de los mismos (Beetham y Demetriades 2007) a nivel internacional.

Esta dificultad quedó reflejada nuevamente en el proceso de discusión de la nueva agenda ‘post-2015’, aprobada por la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2015. A lo largo de los dos años en los que se discutió la elaboración de los nuevos compromisos internacionales para la promoción del desarrollo, se hizo un llamamiento para articular el problema de la violencia contra las mujeres y niñas mediante metas, indicadores y resultados concretos que se debían alcanzar, no limitándose a expresar compromisos políticos generales (Kabeer 2014). Finalmente, entre los 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se incluyó uno (el ODS 5) dedicado exclusivamente a la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. Dentro de él, hay seis metas entre las cuales dos mencionan de manera explícita el problema de la violencia. Una meta propone “eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación” y otra, “eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina (MGF)” (Naciones Unidas 2015, 20-1).

Aunque se puede considerar un avance que la violencia contra las mujeres y niñas (incluyendo la mención a formas y prácticas específicas de este fenómeno) se haya incorporado a los compromisos que orientarán la actuación internacional en el campo del desarrollo hasta el año de 2030, existen compromisos internacionales anteriores sobre este problema más ambiciosos. Además, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que propone lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, y sus seis metas constituyen la única parte de esta nueva agenda que carece de un marco temporal explícito para alcanzar su cumplimiento. Para todas las demás metas que integran los recientemente aprobados ODS, se estipula que deben alcanzarse dentro de los quince años de vigencia de esta nueva agenda internacional. Sanahuja (2014, 79) opina que en esta nueva agenda “si bien hay metas más claras y específicas –parte de ellas las que dan continuidad a la agenda más limitada de los

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ODM–, otras son muy genéricas y declarativas, (…) lo que puede anunciar compromisos poco eficaces”. En lo que se refiere a los compromisos de la Agenda 2030 relacionados con la igualdad de género, empoderamiento de la mujer y la lucha contra la violencia contra las mujeres, estas consideraciones son especialmente preocupantes.