Norms in an enterprise system

El interés de la Sociología por esa problemática surge después de la primera mitad del siglo XX, en gran parte gracias a la renovada atención que le dedicaron los movimientos feministas, pero también debido al aumento de la disponibilidad de datos estadísticos, especialmente de las formas de violencia directa y visible55. Es a partir de la década de 1970 cuando se empiezan a realizar encuestas poblacionales sobre la experiencia personal de la violencia de manera general y en la familia en particular, inicialmente en Estados Unidos y luego en otros países considerados desarrollados56. En ese período surgen las primeras iniciativas para sistematizar y divulgar datos criminales relacionados con el problema. También se ponen en marcha los centros de acogida temporal para las mujeres que dejaban sus casas para huir de sus maltratadores57.

Se esbozan, entonces, especialmente en el mundo anglosajón, dos corrientes académicas en torno a ese problema (Kurz 1993; Johnson 1995; Hagemann-White 2003). El enfoque de la violencia familiar, como refleja su nombre, sitúa la violencia de pareja como parte de un patrón violento en las relaciones entre todos los miembros de la familia. Los precursores de esta corriente son especialmente dos investigadores estadounidenses, Richard Gelles y Murray Straus, con una abundante producción académica financiada, en gran medida, por el Instituto Nacional de Salud Mental de ese país. Dentro de esta corriente, se suele utilizar la expresión ‘violencia doméstica’, pero también los términos violencia familiar, íntima o de pareja, alternados ocasionalmente con los de maltrato o agresión.

La segunda corriente es el enfoque feminista que, pese a su diversidad interna, se caracteriza por dar mayor énfasis al análisis de la desigualdad entre hombres y

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No obstante se pueden detectar en la filosofía política intentos esporádicos (y poco exitosos) para romper el silencio respecto a este tema, al menos desde la publicación del ensayo de John Stuart Mill sobre “La sujeción de las mujeres” en 1869 (Jackman 1999, 275).

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Hagemann-White (2003) advierte de que la investigación social dominante en Alemania, Austria, Holanda, Suiza y países escandinavos ignoró el tema hasta bien entrados los años 1990. Asimismo, el estudio comparado de los movimientos feministas en países europeos muestra diferentes formas y momentos de aproximación a la cuestión (Griffin y Braidotti 2002).

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A principio, los refugios estaban gestionados por asociaciones civiles o grupos autónomos locales, con poca o ninguna articulación entre ellos. Al margen de la actuación pública estatal, surgieron de las necesidades de las mujeres y de la reflexión llevada a cabo por los grupos feministas de liberación y autoconciencia (Dobash y Dobash 1977, 1981). Susan Brownmiller (2000) atribuye el inicio de la atención feminista al tema en Estados Unidos al trabajo de Erin Pizzey, fundadora del primer refugio en Londres y autora de Scream Quietly or the Neighbours Will Hear. Janovicek (2007) relata el surgimiento de los primeros abrigos en pequeñas ciudades y comunidades rurales de Canadá, entre 1970 y 1980.

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mujeres y de las relaciones de poder entre unos y otras, especialmente mediante el uso del concepto de patriarcado, como se verá a continuación. En ese caso, las denominaciones preferidas son principalmente violencia patriarcal, machista o de género y, en algunas ocasiones, terrorismo patriarcal o machista. Las divergencias existentes en definiciones y métodos de medición provocaron un intenso y todavía vivo debate conceptual, metodológico y político. Es necesario recordar que ambas corrientes centraron inicialmente su atención en la violencia en las parejas heterosexuales, con relaciones estables o vínculos matrimoniales.

Los estudios con enfoque familiar parten del supuesto de que la violencia impregna las relaciones de los miembros de la familia, estando todos expuestos a sufrirla y a cometerla debido a la falta de normas sociales que la condenen. Para comprobar sus hipótesis, realizan mediciones sobre la prevalencia de la violencia entre familiares, especialmente a través de una Escala de Táctica de Conflictos (CTS, en sus siglas en inglés). Este instrumento dispone las formas de resolución de conflicto en la pareja a lo largo de un continuo que va desde las medidas no violentas (discusiones calmadas) hasta las más violentas (uso de arma blanca o de fuego). La CTS se utilizó en las primeras grandes encuestas estadounidenses sobre violencia familiar y, más tarde, en estudios locales, sufriendo a lo largo del tiempo modificaciones para incluir, por ejemplo, la gravedad de las agresiones y las formas psicológica y sexual de violencia, inicialmente ausentes. En general, esa escala se aplica a una muestra de hombres y mujeres emparejados, pero no entre sí, a los que se pide que respondan si han perpetrado formas específicas de violencia contra su pareja y cuántas veces lo han hecho en los últimos doce meses, u otro período que se establezca. En algunos casos, también se les pregunta sobre las violencias sufridas. Una de las grandes contribuciones de ese instrumento es la desvinculación entre violencia y crimen, ya que los actos agresivos no criminales, o no vistos como tales por las personas involucradas, también se computan. Las investigaciones en las que se aplican arrojan en sus resultados niveles parecidos de violencia por parte de hombres y mujeres en la resolución de sus conflictos conyugales (incluso llegan en ocasiones a mostrar que las mujeres son más agresivas que los hombres). Por este motivo, el argumento de la simetría de género (o de sexo) en las agresiones de pareja (Straus 2006) ha predominado en esa literatura (Johnson y Ferraro 2000).

Así, aunque se llegue a reconocer el sexismo o la desigualdad de género como un factor importante para la ocurrencia de la violencia en la familia (Gelles 2003), éste no se considera central en la argumentación de esta corriente. La respuesta pública al

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problema, sugieren sus investigadores, debería, por tanto, ir más allá de la atención a la situación de las mujeres víctimas. Se debería dar al menos igual importancia a la situación de los hombres maltratados por sus parejas y, fundamentalmente, concentrar los esfuerzos en reducir la legitimidad de la violencia en el seno de la familia (Dutton 2006).

Las críticas metodológicas a la CTS e instrumentos de medición equivalentes se centran en el predominio que se da al relato de eventos violentos, ignorando tanto el contexto en que esos hechos ocurren como las posibles diferencias en la fiabilidad de las respuestas o en la interpretación que hombres y mujeres dan sobre sus propios comportamientos. Se critica, asimismo, de esta herramienta, la falta de datos sobre el porcentaje de agresiones producidas en defensa propia y la gravedad y la frecuencia de las mismas (Dobash et al. 1992; Dobash y Dobash 2004). El conocimiento de esta información permitiría conocer con mayor precisión las diferencias de victimización de hombres y mujeres en ese contexto. Las escalas como la CTS, si bien sirven para dimensionar la incidencia del fenómeno en poblaciones amplias, no son los instrumentos más adecuados para captar los casos más serios (M.P. Johnson 2005), dado que no evalúan el rango y el patrón de comportamientos abusivos y controladores, y tienen pocas probabilidades de incluir entre las personas entrevistadas los casos más graves y que requieren una mayor intervención (Gordon 2008).

El enfoque feminista, que parte de las posiciones que mujeres y hombres suelen ocupar en la pareja y en la sociedad (subordinada e inferior para ellas, dominante y superior para ellos), no considera comparables la participación en estos actos y la intensidad de los mismos. Evidencia, además, que la existencia y el funcionamiento de determinadas estructuras sociales legitiman y normalizan la violencia masculina hacia las mujeres, pero no la ejercida en sentido contrario (Dobash y Dobash 1977).

En ese sentido, un concepto fundamental es el de patriarcado, entendido como una estructura e ideología que impregna las diferentes instituciones y que sostiene y reproduce la subordinación de las mujeres frente a los hombres en la familia y en la sociedad en general. Basándose en las aportaciones de Kate Millet y su obra más importante, Política Sexual, a la que se volverá a hacer referencia en este capítulo, Amelia Valcárcel define el patriarcado como “un sistema de dominación genérico en el cual las mujeres permanecen genéricamente bajo la autoridad a su vez genérica de los varones”, cuya existencia persiste gracias a “sus propios elementos políticos, económicos, ideológicos y simbólicos de legitimación” (1991, 142). Hay muchas críticas respecto a la capacidad explicativa del patriarcado como causa última de la

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violencia, pero se considera que uno de los pocos consensos en la perspectiva feminista es la idea de que la violencia contra las mujeres constituye una de sus expresiones más brutales o extremas (Castro y Riquer 2003).

Antes de profundizar en esta posible limitación, interesa resaltar que este segundo enfoque no considera que las mujeres constituyan un grupo de víctimas como cualquier otro dentro de la familia, sino que su condición tiene especificidades que deben ser resaltadas. La prueba empírica de sus hipótesis se apoya fundamentalmente en fuentes estadísticas sobre criminalidad (denuncias y condenas relacionadas con agresiones en pareja), datos médicos (registros sobre frecuencia, gravedad y tipo de lesiones) e información asistencial (datos sobre mujeres que buscan hogares abrigo u otro tipo de servicio social). Los datos muestran consistentemente que las mujeres constituyen la inmensa mayoría de las víctimas (siendo, además, las que sufren mayor daño), y los hombres son mayoritariamente los agresores. Desde esta perspectiva, la violencia masculina hacia la pareja sería una forma más (junto con la intimidación, las amenazas, la imposición del aislamiento, etc.) de ejercer el control sobre las mujeres, conducta que sólo muy recientemente se ha considerado moralmente rechazable y criminalmente punible (Dobash y Dobash 1977, 1981; Dobash et al. 1992; Bart y Moran 1993). Por estas razones, se insiste en la necesidad de diferenciar la intensidad, frecuencia e intencionalidad en los comportamientos de cada miembro de la pareja, puesto que en caso contrario, no se entendería el fenómeno correctamente:

El modelo de las causas y consecuencias de la violencia en la pareja nunca será convincente mientras se incluyan en el mismo comportamientos tan dispares como la bofetada ‘femenina’, el patrón aterrorizador de golpes acompañados de abusos psicológicos humillantes, una discusión que se intensifica hasta un juego de empujones mutuos, o un homicidio cometido por una persona que siente que no tiene otra manera de salvar su propia vida (Johnson y Ferraro 2000, 959).

La utilización de los registros médicos y sobre criminalidad es otro punto de desacuerdo: la corriente feminista reconoce un sesgo en la recopilación de datos que sobrestima los casos más graves (M.P. Johnson 2005, 1127), mientras que el enfoque de violencia familiar destaca la subestimación de la totalidad de los casos, la escasa rigurosidad y la inadecuación de las definiciones utilizadas en la investigación social (Gelles 2003, 839-40).

La interpretación de las tasas de homicidios conyugales, especialmente cuando han sido cometidos por mujeres, es igualmente controvertida. A grandes rasgos, el enfoque familiar rechaza la utilización de diferentes interpretaciones para explicar por qué hombres y mujeres matan a sus parejas. La perspectiva feminista insta a tener en consideración el contexto y los abusos previos para determinar, por un lado, en qué

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medida los homicidios cometidos por las mujeres contra sus parejas serían el resultado de actos desesperados de autodefensa y protección a sus hijos (Hartline 1997), y por otro, la poca confianza depositada en la protección ofrecida por la policía y el sistema judicial (Guggisberg 2009).

La insatisfacción con las encuestas sobre violencia familiar y el uso de escalas de comportamiento dirigidas a ambos géneros llevó a la realización de estudios exclusivos sobre violencia sexual y victimización de mujeres, por lo general identificados con la corriente feminista. Se suele citar el estudio de Diana Russell, realizado en 1978, como el primer intento de observar la prevalencia y la incidencia de la violación entre las mujeres en Estados Unidos. La primera encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres vino más tarde, en 1993, fue realizada en Canadá y su modelo se extendió luego a otros países. Ésta y las siguientes mediciones que se centraban exclusivamente en el tema mostraron índices de violencia significativamente superiores a los detectados en las encuestas genéricas o sobre violencia familiar que se habían desarrollado en los mismos países. La razón para tales diferencias radicaría en el que “el contexto de una encuesta sobre delincuencia en general ha tendido a restringir la forma en que se formulaban las preguntas acerca de la violencia contra las mujeres” (Walby y Myhill 2001, 507). Más concretamente, se mencionan tres factores: en las encuestas genéricas el tiempo dedicado a ese tipo de violencia es escaso y las preguntas suelen realizarse sin una advertencia previa; el mayor cuidado puesto en determinados aspectos metodológicos de las encuestas específicas (preparación adecuada, mujer entrevistadora y garantía de un entorno de privacidad) aumentaría la confianza y la disposición a reportar los actos de violencia sufridos; y, por último, el marco criminal de la encuesta genérica afectaría a la forma de responder a preguntas relacionadas con incidentes que no se consideran delitos.

En todo caso, hay que tener en cuenta que los datos de incidencia sobre las formas de violencia contra las mujeres se pueden obtener desde distintas fuentes de información (registros criminales, judiciales y administrativos, u otras estimativas basadas en encuestas y otros estudios), que emplean metodologías de medición y definiciones operativas diferentes, no siempre comparables entre sí. Además, se recuerda que el fenómeno difícilmente puede ser conocido en su totalidad: “[e]l total de los hechos de violencia contra las mujeres que ocurren en una sociedad solamente pueden ser estimado a partir de encuestas representativas aplicadas a la población en general, ya que muchos de estos hechos nunca serán denunciados” (Alméras y Magaña 2012, 47). A principios del siglo XXI, al menos setenta países hacían encuestas

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poblacionales específicas sobre victimización de mujeres (PNUD 2005 apud. Johnson, Ollus y Nevala 2008, 14).

Las encuestas internacionales comparativas (Garcia-Moreno et al. 2003; OMS 2005; Johnson, Ollus y Nevala 2008) empezaron a realizarse gracias al impulso de organismos internacionales58 y nacionales que demandan datos precisos y fiables con el objeto de desarrollar políticas y estrategias de intervención. En el ámbito de la Unión Europea, la primera encuesta amplia y a escala realizada sobre el tema en los 28 Estados miembros tuvo sus resultados publicados en el primer semestre de 2014. “[O]rganizaciones intergubernamentales y la sociedad civil lleva[ba]n años solicitando datos sólidos y exhaustivos sobre la violencia contra las mujeres con los que formular políticas y definir vías de actuación”, como reconocen los organizadores de la publicación que difunde sus resultados (FRA 2014, 7).

Aparte de las críticas ya expuestas, se suele atribuir al enfoque feminista una incapacidad para explicar por qué algunos hombres muestran actitudes violentas hacia sus parejas y otros no. Por ese motivo, y aun reconociendo la importancia de las explicaciones que sitúan en el centro de su argumento las relaciones de poder entre hombres y mujeres, se recomienda conjugar éste con modelos explicativos complementarios (Gordon 2008). De hecho, los análisis de este enfoque parecen haberse refinado a lo largo de las últimas décadas para dar cuenta de una mayor diversidad de situaciones. Así, aunque los aspectos vinculados al poder y al control masculino siguen siendo fundamentales, se reconocen otros factores en la interpretación de la violencia contra las mujeres. Desde una perspectiva micro-social, podrían citarse las diferencias de estatus educacional, económico o de otro tipo entre los integrantes de la pareja (Sagrestano 1992 apud. Gordon 2008: 22).

No obstante, quizás la contribución teórica más influyente relacionada con la necesidad de realizar un análisis que capte la complejidad de este problema proceda de la consolidación de un novedoso paradigma interdisciplinar de análisis e interpretación de las desigualdades y discriminaciones: el de la interseccionalidad. Este paradigma, en todos sus enfoques, plantea tratar de manera articulada las múltiples dimensiones de subordinación que experimentan ciertos individuos y grupos sociales concretos, debido a los diversos elementos que conforman sus identidades, como el género, la etnia o raza,

58 _{El Comité de la CEDAW reiteradamente recomienda implantar o perfeccionar instrumentos oficiales}

de recogida de datos sobre la violencia contra las mujeres en los diferentes países (Engle Merry 2003; Alméras y Magaña 2012, 33-4).

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la nacionalidad, la clase social y la orientación sexual, aunque no exclusivamente (Crenshaw 1995; Collins 1998)59.

El surgimiento de esta propuesta teórica aúna el activismo y los trabajos de las feministas negras y latinas estadounidenses con las teorías críticas sobre la raza, prestando desde sus orígenes especial atención al problema de la violencia contra las mujeres. Uno de sus textos pioneros trata sobre las interacciones entre las dimensiones de género y raza (también de clase y nacionalidad) en la violencia doméstica y en las agresiones sexuales sufridas por mujeres de color e inmigrantes en EE.UU., así como su invisibilidad en los discursos feministas y antirracistas y en las políticas públicas de atención derivadas de esos activismos (Crenshaw 1995). Kimberlé Crenshaw ha sido criticada por haber dado más importancia al silencio de las feministas blancas y del activismo antirracismo que al papel jugado por el racismo y el sexismo estructurales (Walby, Armstrong y Strid 2012, 229-30) en el desarrollo y mantenimiento de la subordinación de estas mujeres. Sin embargo, la propuesta de estudiar la intersección de identidades en los análisis y las políticas de violencia contra las mujeres sigue siendo una referencia para abordar algunas facetas del problema aún poco visibles.

En definitiva, la propuesta que hace la perspectiva sobre la interseccionalidad ha contribuido a la crítica de los esencialismos sobre el género, su construcción y la experiencia de ser mujer que habían sido asumidos por determinadas corrientes feministas a las que, hasta entonces, les había resultado difícil reconocer las discriminaciones y desigualdades múltiples (Harris 2000). En un sentido semejante, se puede mencionar la ya citada contribución de Iris Marion Young en la discute la ‘opresión’ sufrida por determinados grupos sociales. Su idea de la opresión se define en términos de una articulación estructural de desventajas e injusticias que afecta a colectivos concretos. Cuando se presenta en forma de violencia, está tan socialmente legitimada que la mayoría de las personas no se sorprende de que se produzca y el acto generalmente queda impune; cita, a modo de ejemplo, la violación de las mujeres y la violencia policial dirigida contra los jóvenes negros (Young 2005, 102).

La literatura sobre violencia doméstica sigue incluyendo en un mismo marco conceptual los diferentes tipos y contextos de violencia dentro de la pareja60. Asimismo, en esta literatura se considera que la preocupación por la violencia contra la mujer ha

59 _{Véase McCall (2005) y Hancock (2007) para tipologías de los enfoques centrados en la mirada}

interseccional, y Walby, Armstrong y Strid (2012) para una discusión de sus elementos más importantes.

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supuesto una negativa fragmentación del campo y una segmentación de esfuerzos y recursos para combatir tanto el abuso infantil como el maltrato hacia las mujeres (Gelles 2000). En la misma línea, se ha llegado a argumentar que la falta de un marco teórico común para la investigación sobre la violencia sufrida por hombres y mujeres ha dado lugar a una amalgama de informaciones sobre formas específicas de violencia en las que se pone un énfasis desproporcionado sobre las formas de violencia doméstica y sexual (Jackman 1999). Las corrientes feministas temen que este énfasis en las víctimas de la violencia en la pareja quite visibilidad a la victimización de aquellas mujeres que son agredidas por hombres a los que no conocen o que poseen un perfil menos apreciado socialmente, como prostitutas, drogadictas o presas (Websdale y Chessney-Lind 1998).